Otros cuatro gobernadores criticaron el fallo de la Corte y Larreta pedirá que se cumpla

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) cuestionaron hoy el fallo de la Corte Suprema que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que realizará una presentación ante el máximo tribunal para solicitar que se efectivice la sentencia y anticipó que denunciará a los funcionarios responsables de «incumplirlo».

Los cuatro mandatarios se expresaron en las últimas horas a través de un comunicado conjunto sus disidencias con la decisión de la Corte.

«Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto», comienza el texto.

Y agregan: «El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Por otro lado, es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía».

«Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina», afirman los mandatarios provinciales.

De esta manera, estos cuatro gobernadores se sumaron a los otros 14 que participaron de la reunión de ayer con el Presidente -algunos en forma presencial, y otros virtualmente- y que firmaron el comunicado difundido al término de la reunión.

Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca). Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

No firmaron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe).

Tras la reunión de ayer con los mandatarios provinciales, el Presidente decidió recusar a los miembros de la CSJN y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal.

En contrapartida, Rodríguez Larreta anunció que la ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se cumpla el fallo y anticipó que denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de «incumplirlo».

Así lo adelantó en una conferencia de prensa que esta mañana brindó en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, en la que consideró que el Presidente «decidió quebrar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho».

«Esto es de altísima gravedad, pone en riesgo la base de nuestra democracia; el Presidente ha decidido no acatar un fallo de la Corte», aseguró Rodríguez Larreta.

Anunció que desde el Gobierno porteño harán «una presentación ante la Corte denunciando este incumplimiento y vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo», y consignó que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio (JxC) «están analizando otras acciones judiciales y legislativas».

El jefe de Gobierno porteño sostuvo que «el fallo no perjudica a las provincias» y puntualizó: «Cuando nos sacaron la coparticipación hace dos años el Presidente a ustedes, los gobernadores, no les dio un peso, porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires».

Por su parte, la Federación Argentina de Municipios (FAM) calificó hoy de «politizado» al fallo de la CSJN «que convalida privilegios para la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las 23 provincias que integran la Nación».

La FAM señaló en un comunicado que los jueces de la Corte ordenaron «otorgarle a la Ciudad Autónoma el porcentaje de coparticipación que (el expresidente) Mauricio Macri le dio indebidamente a Horacio Rodríguez Larreta».

«Macri le transfirió, durante el malogrado gobierno de Cambiemos, muchos más recursos de los necesarios para el financiamiento de la policía que se le traspasaba», reseñó el escrito, y recordó que fue el propio ministro del Interior de ese momento, Rogelio Frigerio, quién admitió públicamente «que la cifra era mayor a la requerida».

«En CABA viven 2.8 millones de personas. En las 23 provincias hay 44 millones de habitantes. Por su condición de Capital Federal, la Ciudad fue acumulando a lo largo de la historia beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción y en perjuicio de lo que desde dicha centralidad llaman el interior del país», resumieron.

La resolución de la CSJN se dio en el marco de una demanda presentada por la administración de Rodríguez Larreta a raíz de un redireccionamiento de los fondos determinado por el Gobierno nacional, a través de la Ley 27.606, sancionada el 28 de diciembre de 2020, tras un aumento que la gestión de Macri había dispuesto por decreto en la masa coparticipable destinada a la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, desde el Ministerio del Interior se aclaró que esa cartera no toma intervención alguna en el pago del monto establecido en esa ley para solventar el traspaso de competencias a CABA, y «ni siquiera es parte en el expediente que tramita en el juicio ante la CSJN», indicaron a Télam fuentes de ese organismo.

Quien lleva la defensa del Estado Nacional es el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación. (TELAM)