El acuerdo del FMI, la Nación y las provincias

Opinión

por Horacio Rovelli. Economista

Históricamente los gobiernos conservadores han tomado a las provincias como mero apéndice del poder central y por ende del sistema de acumulación del capital y de distribución de las riquezas bajo la estricta lógica del mercado mundial. Una economía abierta cómo la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta) los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, insumos, energía, etc.) quedan determinados por los capitales más importantes. La única lógica que conoce el capital es la de generar la mayor tasa de ganancia y que la misma se obtenga en el menor tiempo posible, por ende se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo, como juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria, donde la primacía la determinan esos grandes capitales que solo permanecen en el país si se le asegura (de allí la confianza de los mercados y la seguridad jurídica que propician) el cumplimiento estricto de la maximización de la ganancia y la minimización de los costos, con todas las libertades para entrar y sacar capitales, como lo demuestra la crisis que tiene su punto más alto el miércoles 25 de abril que en ese solo día, los grandes bancos compraron a $ 20,20 por dólar, la suma de U$s 1.472 millones y lo transfirieron al exterior.

En esa lógica la tasa de interés es decisiva y fundamental, solo se emprende aquellos proyectos de inversión que superen la tasa de interés (con lo que se supedita la economía real a la financiera), tasa que se convierte y ajusta con el tipo de cambio, lo que se agrava porque paralelamente, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento de la economía en dólares con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI, entonces el “alegre” endeudamiento que incurrió y que incurre el gobierno de Cambiemos, debe pagarse con un PIB que no crece, por un lado, y por el otro, nos preguntamos: Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtuvo desde el 10 de diciembre de 2015 cuando sabemos que de otro modo no se puede pagar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, con lo que el modelo es insustentable, y obliga a un drenaje creciente de su riqueza para poder afrontar los servicios de una deuda cada vez mayor y asfixiante.

Basta ver la misma información oficial para corroborar lo que decimos: Primero el INDEC reconoció que la deuda externa se incrementó en la gestión de Macri y hasta el 31 de marzo de 2018 (antes del crédito del FMI) en U$s 104.589 millones (en un 70%) pasando a ser de U$s 253.741 millones, cuando era de U$s 149.152 millones al 31 de diciembre de 2015. Segundo, el déficit comercial (las importaciones superaron a las exportaciones de mercaderías- bienes) en U$s 8.515,1 millones en el año 2017, pero si extendemos el dato del segundo trimestre 2017 al primer trimestre de 2018 el déficit es de U$s 9.600 millones y es el mayor que se haya tenido registro, pero es peor, al ser negativo los servicios reales (royalties o patentes, correos, seguros, turismo, fletes, etc.) y los servicios financieros (pago de intereses de la deuda externa y el giro de utilidades de las casas extranjeras a su casa matriz), que conforman la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos del país, es deficitaria en el mismo lapso (segundo trimestre 2017 al primer trimestre 2018 inclusive) en U$s 34.001 millones y es el mayor déficit de toda la historia Argentina.

En ese marco es que se produce (y se va a seguir produciendo) la corrida cambiaria, donde los capitales que vienen atraídos por las altísimas tasas de interés (de, por ejemplo, 47% anual para la renovación de las LEBAC que se pactó el 19 de junio de 2018), pese a esas tasas, prefieren desprenderse de activos nacionales (Títulos y acciones, lo que explica la caída de los mercados de valores – Bolsas de Comercio del país) y pasarse a dólares, o en todo caso a títulos ajustados por valor dólar como son las LETES (Letras del Tesoro).

El acuerdo con el FMI

Sin ningún punto de apoyo y dada la magnitud de la salida de capitales en lo que va del año (más de U$s 13.000 millones), se termina acordando con el FMI un severo plan de ajuste que afecta sobre todo a la obra pública y a las transferencias a las provincias, dado que la Nación no tiene espacio físico, el mismo corresponde a las provincias y municipios.

Una forma esquemática pero explicativa de las distintas realidades que tiene la Argentina consiste en dividirla en tres tipos de economías: la de las grandes ciudades, los cordones de las grandes ciudades o conurbanos, y la economía rural.

Las grandes ciudades están basadas en la producción de servicios y de bienes industriales de mediana y alta complejidad, suelen tener buena infraestructura, y parte considerable de la población tiene niveles de vida relativamente altos con respecto al resto del país.

La economía del conurbano tiene dos componentes: la producción de bienes y la de servicios de bajo valor agregado. Ambas  requieren de apoyo estatal (incluso los enclaves industriales importantes que los tiene), tanto en el uso de energía, garantía de mano de obra capacitada y disciplinada, como en la protección del mercado interno aplicando restricciones a las importaciones como hacen los gobiernos “populistas”. Los servicios del conurbano, desde el comercio hasta la venta ambulante, presentan una gran heterogeneidad pero todos suelen tener un grado de informalidad importante.

El interior rural y de ciudades pequeñas es una economía basada en recursos naturales y capital humano. Incluye la producción de bienes primarios, pero también la elaboración de esos bienes: Más de la mitad de la industria argentina tiene base en recursos naturales. Y si a la producción primaria le sumamos su industrialización representa el 65% o más de nuestras exportaciones. Posee eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante y en general, se encuentra bien insertada en el mundo en cuanto a tecnologías y comercio. Sin embargo, el “campo” puede dividirse a su vez en dos grandes sectores: el de productos otrora tradicionalmente pampeanos, pero ahora extendidos a amplias áreas del interior del país, donde se realizaron fuertes inversiones para hacer posible el cultivo  de los cereales, las oleaginosas, y la cría de animales; y el de productos tradicionalmente extra pampeanos, llamados comúnmente economías regionales (uva, maní; olivo, cítricos, tabaco, caña de azúcar, algodón, yerba, te, peras y manzanas, duraznos, ciruelas, frutilla, arándano, papa semilla, etc. etc.), para tener una idea de una y otra economía, actualmente de 32 millones de hectáreas cultivables que tiene la Argentina, casi 20 millones se cultiva soja, sin contar los millones de hectáreas de los otros cultivos tradicionales.

También se debe contemplar el grado de concentración y extranjerización de las tierras y el pago de los impuestos a la propiedad rural. En efecto, por un lado es desproporcionado el régimen de propiedad, con amplias extensiones por empresas y capitales nacionales (Los Braun Menéndez, los Blanco Villegas, los Bullrich, los Ayerza, etc., tradicionales propietarios de grandes extensiones de tierra, a los que Sarmiento denominaba “esa oligarquía con olor a bosta”) e internacionales, en este último caso, recordemos solamente al inglés Joseph Lewis que en su estancia, donde se hospeda Mauricio Macri cuando va al Bolsón – Río Negro, incluye el dominio de las costas del Lago Escondido;  o el caso de Luciano Benetton que es el mayor propietario foráneo de tierras argentinas, a través de su empresa Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. que posee 900.000 hectáreas de campo en Argentina; el empresario de medios estadounidense Ted Turner; el suizo Jacob Suchard, dueño de Nestlé; el inversionista de origen húngaro –  George Soros; entre otros.  Y con respecto al pago de impuestos inmobiliario rural, basta ver que en la Provincia de Buenos Aires, donde están los principales campos productivos del país, que es la tierra donde más rinde por hectáreas tiene la soja en el mundo, el impuesto inmobiliario rural solo representa el 2% (dos por ciento) del total de la recaudación, que es a la vez el 0,5% (medio por ciento) del PIB provincial

La concentración de la propiedad de la tierra y el bajísimo impuesto que pagan, obligó a las provincias a endeudarse y dada la alta tasa de interés en pesos, lo hicieron en dólares, por caso la Provincia de Buenos Aires a septiembre de 2017 (último dato disponible) el stock de deuda provincial alcanzó los U$s 15.002 millones. Si se compara con el último trimestre 2015, la deuda pública provincial aumentó U$s 5.640 millones de dólares

Transversalmente las consecuencias de, primero el atraso cambiario, para después incurrir en una fuerte devaluación de nuestra moneda del 60% en los primeros seis meses del año 2018 (Que significa que se debe recaudar un 60% más para pagar la misma deuda).  La suba de las tarifas, la falta de capitales y las altas tasas de interés, sumados a la desprotección irresponsable de no frenar las importaciones de bienes finales que compiten deslealmente con nuestra producción, en un marco de fuerte concentración del acopio y de la comercialización, ahogan a los pequeños y medianos productores y comerciantes, limitan la inversión en capital físico (maquinarias y tecnología) y en capital humano (horas y condiciones de trabajo, capacitación, etc.), con lo que el espacio que se había logrado crear en base a la defensa del mercado interno del gobierno anterior, se diluye en forma severa ante las reglas del mercado que el gobierno de Cambiemos impulsa, que quebrado por su propia incapacidad, es reforzado con el acuerdo con el FMI

Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía Argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional será relegado a un rol cada vez más secundario, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que aprovechando las ventajas naturales de la posesión de la tierra más fértil del mundo puede vender (y comprar), y la economía crecientemente vegetativa de las regiones y del resto de  la población

El consenso fiscal

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble, por un lado supeditados al gobierno nacional, y por otra parte, incapaces de cobrar impuestos a los sectores más ricos, como queda en evidencia que el total del Impuesto Inmobiliario Rural cobrado en todo el país, representa menos del 0,2%  (cero, dos por ciento del PIB), porque la recaudación obviamente es menor fuera de la llanura pampeana.

Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y por convenio firmado en mayo de 2016, la Nación le devuelve a las Provincias el 15% de la recaudación impositiva que iba a la ANSeS, en un plazo de cinco años

En noviembre de 2016 las provincias (menos San Luis) firmaron con la Nación un acuerdo donde se comprometen para reducir la “presión tributaria”, a disminuir y hasta eliminar la alícuota de sus dos principales impuestos por recaudación, IIBB – Impuesto a los Ingresos Brutos (que en la Provincia de Buenos Aires representa el 68% de los recursos propios) y Sellos, fijando alícuotas menores todos los años e inclusive en el Impuesto a los Sellos, donde se fija una alícuota máxima de 0,75% para el año 2019, del 0,5% para el 2010, del 0,21% para el 2021 y eliminar el gravamen desde el 01/01/2022

En consenso con 22 de las 24 provincias (No aceptaron San Luis y La Pampa) y 24 horas antes de presentar el presupuesto en la Cámara de Diputados (el 14 de septiembre de 2017), se acordó la Ley de Responsabilidad Fiscal que limita el crecimiento del gasto primario (antes del pago de los servicios de la deuda) de la Administración Pública Nacional al aumento del IPC promedio (estimada, en ese entonces,  por el gobierno de Cambiemos, del 15,1% para el año 2018), aunque  el aumento del gasto primario lo ponderaban en el 14,8% ligeramente por debajo del aumento del IPC promedio (cuando la inflación de los primeros seis meses del año 2018  supera ampliamente ese porcentaje)

También el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto y después se convirtió en ley, para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, cambiando el destino del 70% de lo recaudado que se lo quedaba la Nación para ir a la Anses y en compensación eliminan el Art. 104 de la Ley de Impuesto a la Ganancias con lo que el 20% de la recaudación vuelve a la coparticipación (En ese momento se estimaba en $ 100.000 millones)

Bien, para que las provincias acepten realizar un ajuste en su personal y en sus gastos, se plantea claramente que de no aceptar los nuevos condicionamientos que impone el FMI, se le retiraría la parte proporcional de la suma generada por la transferencia del Impuesto a las Ganancias del eliminado Art. 104 de la ley, más el ajuste que de hecho se viene realizando en lo que va del año 2018, en las transferencias no automáticas.

En el Acuerdo de Responsabilidad Fiscal, las provincias se habían comprometido en base a un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones equivalente a 0,9% del PBI para el año 2017, que para el año 2018 realizarían a una reducción del gasto que lo ubicaría en $ 44.775 millones, 0,4% del PBI.

En primer lugar, con la devaluación se debe pagar más pesos por la deuda en divisas; en segundo término, también se descompensarían muchas de las erogaciones que son en pesos; y en tercer término, también acordado con el FMI, se insiste en que se reduzcan alícuotas y se eliminen segmentos alcanzados por el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos (acuerdo firmado en noviembre de 2016 como se señaló), que conforman el mayor ingreso propio para las provincias.

Paralelamente si se plantea una reducción del personal, dado que las provincias tienen a cargo servicios de mano de obra intensiva (educación, salud, policía, justicia, etc.) y según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS) a diciembre de 2017, cuentan, en conjunto, con una dotación de 2.297.491empleados, que quiere decir ¿Qué van a realizar un plan de reducción del empleo público?  Si fuera así, tendría un impacto más negativo en las provincias, por un lado (incrementa la desocupación y cae la demanda interna), y, por otra parte, el total de los trabajadores públicos de las provincias representan solo el 26% sobre los trabajadores registrados en el sector privado que alcanzan, según el MTESS a 8.755.900 personas, y es un porcentaje razonable para lo que fue históricamente nuestro país y para los países de la región.

Finalmente, la Nación pretende que las obras públicas (vivienda, red de gas, cloacal, obras de infraestructura como rutas, puentes, etc.) sean financiadas también por las provincias.  Esto es, lo que licitaron de rutas nacionales por PPP (Proyectos Público Privados – Ley 27.328 y su decreto reglamentario 118/2017) se haría cargo la Nación, pero las demás obras debe ser financiada entre la Nación y las provincias sino no se hacen

Peor aún con las transferencias presupuestaria o no automáticas (son los aportes que hace la Nación en forma discrecional), que no son los que se coparticipan por ley, por ejemplo los ATN, las transferencias para cubrir pagos de sueldos provinciales, para casos de inundaciones o sequía, o desastres naturales etc. que en el presupuesto de este año 2018 tenían un monto de $ 68.882 millones y representaban el 0,65% del PIB. En el acuerdo firmado con el FMI se debe reducir en un 0,20% del PIB,  o sea se reduce en $ 21.195 millones, con lo que, en el mejor de los casos, las provincias en su conjunto (como es discrecional seguramente más reciben las provincias con gobiernos afines) van a recibir $ 47.685 millones, de los cuales ya se debe haber ejecutado una parte, estamos a mediados de año, y además está la devaluación que deteriora el poder adquisitivo de esa suma

En sintesis

Dada la situación de recesión generada por la política del gobierno nacional al insistir en la valorización financiera del capital y socavar la producción y el trabajo nacional, donde las provincias y las economías (aún en provincias ricas) más pobres son las más perjudicadas,  se pretende llevar adelante un ajuste en las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal, tanto en la Nación como en las provincias, sin tener en cuenta que se puede y se debe aumentar el ingreso, dado que la devaluación realizada le da ingresos extras por cada dólar que obtienen a los exportadores en general y del campo en particular, por ende se debería restablecer las retenciones, así como en lugar de recurrir a reducir las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, debería cobrarse un impuesto extraordinario a la tierra.

Es imposible hacer el ajuste acordado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y más imposible aún cambiar en la situación económica general, las alícuotas de los impuestos provinciales.  Como también es inverosímil que se reduzca la inversión pública y las transferencias corrientes a las provincias, a quienes se las ahoga, como el FMI ahoga a la Nación, todo ello para generar un ahorro nacional que se fuga.

Mientras no se tenga un claro control del sector externo toda medida va a ser funcional a la fuga de capitales que este gobierno sabe bien de lo que se trata (Y SABE QUIENES SON LOS ACTORES)  porque según el Balance Cambiario del BCRA de enero de 2016 a mayo de 2018 compraron dólares y lo sacaron del país  transfiriéndolo a cuentas en el exterior (la cuenta del Balance Cambiario se llama  FAE- Formación  de activos externos del sector privado no financiero) por U$s 45.700 millones, casi la misma suma que el FMI promete dar a la Argentina, de los que otorgó el 20 de junio 2018, U$s 15.000 millones y el resto si nos comprometemos a realizar el plan de ajuste

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