Un sospechoso quedó en libertad debido a que un empleado del estado modifico expediente un judicial

Gladis Albarracín fue, junto a su esposo e hijas, testigo directa cuando el 15 de abril Raúl Esteban Ortega, el yerno, mató de una puñalada a su hijo José Luís Poma, de 21 años. “Fue a sangre fría” asegura.

 Días después la angustia por esa pérdida se mezclaría con la bronca que le produjo saber que el homicida había quedado libre por una irregularidad cometida por un empleado judicial (ahora sumariado) en el expediente por el homicidio.

El crimen se desencadenó al atardecer en la vivienda de los Poma ubicada en el barrio Tagusa de Aguilares, a orilla de la ruta 331. Una discusión trivial entre la víctima y sus tres hermanas fue subiendo de tono hasta queJosé Poma, el padre, intervino para exigirle a su hijo que se calmara.

“Andate y regresá cuando te calmes”, le ordenó. “Fue en ese mismo instante en que mi yerno apareció y sin decir nada se acercó a José. Entonces observé que desde atrás le lanzó como una trompada. Se retiró, arrojó un cuchillo y mi hijo tomándose el pecho, del que le salía sangre, alcanzó a decir: ‘mirá lo que me hizo´. Enseguida se desplomó al suelo”, recordó Gladis. 

José Luis murió a los pocos minutos de recibir el puntazo que, según una autopsia, le atravesó parte del pulmón y el corazón. “Actuó sin piedad. José no alcanzó a hacer nada, porque el ataque fue artero, cobarde”, apuntó la mujer.

En libertad

Ortega fue aprehendido una hora después por la Policía en su domicilio. Sin embargo, luego de 10 días fue dejado en libertad. “A pesar de la angustia que todavía cargo por la pérdida, reaccioné con bronca al enterarme de que el asesino andaba caminando por las calles de la ciudad. Los vecinos comenzaron a decir que nosotros lo habíamos amparado y por eso se mostró molesta con la familia. En las calles nos gritaban asesinos, asesinos”, dijo Gladis.

La mujer, entonces, fue a la Fiscalía de Instrucción de la Iª Nominación de los tribunales de Concepción, a informarse de las razones por las cuales Ortega había recuperado su libertad. La dependencia en ese entonces estaba acéfala y, al momento de la liberación del homicida, era subrogada por Jorge Echayde.

En la fiscalía, Gladis pidió una copia del expediente y, una vez en su casa, se puso a leer los documentos. Fue cuando descubrió las tremendas irregularidades en que había incurrido el empleado que le tramitaba la causa. “Descubrí que había cambiado mi declaración, la de mi esposo y otros, para hacerla casi igual a la de mi hija, que salió en defensa de su marido. Y a la maniobra la hizo tan grosera que había párrafos que parecían pegados en una y otra declaración”, comentó.

El homicidio apareció como accidental. “Nosotros, perturbados por la muerte de nuestro hijo, confiamos en ese empleado. De ahí que ni siquiera nos fijamos lo que habíamos firmado. Nos decía que nos quedáramos tranquilos porque todo estaba claro y que el homicida no iba a salir nunca”, recordó.

La madre regresó a tribunales denunciar la irregularidad. El subrogante de ese día, Edgardo Sánchez, escuchó a la madre y luego de verificar el expediente ordenó que el empleado dejara de intervenir en la causa. Se examinó su computadora y, según la denunciante, se descubrió que parte del expediente estaba escondido en su escritorio.

El nuevo fiscal

A pocos días de desatarse el escándalo asumió la titularidad de la fiscalía Miguel Ángel Varela. Fue este quien resolvió trasladar al empleado a otra dependencia y ampliar las declaraciones indagatorias que habían sido cambiadas. 

“En estos momentos se está concluyendo la instrucción de la causa, pero ahora con una nueva carátula que es la de homicidio simple. El hombre seguirá en libertad porque el fiscal Echayde, en su momento, valoró el hecho de que no tenía el acusado antecedentes penales y tampoco riesgo de que se fugara. En definitiva, el mismo proceso no estaba en riesgo”, dijo el fiscal a LA GACETA.

Varela advirtió que la irregularidad en parte se produjo porque la fiscalía, en condición de acéfala, “se había transformado en tierra de nadie”. “Ahora se tomaron varias medidas internas para evitar nuevas acciones que entorpezcan o alteren cualquier causa”, informó.

El fiscal precisó que al empleado se le inició un sumario administrativo y no sólo enfrenta la posibilidad de ser exonerado, sino además de que se le abra un sumario penal por adulterar un documento legal.

“Si no hubiera leído el expediente, en el juicio recién me iba a enterar de las irregularidades de la causa. Y ahora quiero que esto se haga público para evitar otros casos. Con procedimientos así puede haber homicidas en libertad e inocentes presos. Mi experiencia con la Justicia, en medio de la angustia por la pérdida de mi hijo, es algo alarmante”, remarcó Gladis. “No voy a descansar hasta verlo preso al asesino. No sé porqué mató a José. Pero tiene que pagar lo que hizo” concluyó. 

Fuente: La Gaceta.