PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2026

En primer lugar, el Estado en el marco legal vigente, debe tener un plan de gobierno. El Estado en su división de poderes y en nombre del bienestar general debe presentar un plan de gobierno, que conforma el “Plan Estratégico”, que son los grandes lineamientos, los grandes parámetros que se deben seguir para el alcance del objetivo que debe ser el crecimiento con inclusión social, justa remuneración, y con el menor daño al medio ambiente posible, y a su vez, debe fijar las reglas de comportamiento de toda la sociedad.

Ese Plan Estratégico en los países con años de prácticas democráticas, forma parte de la plataforma política de los partidos que se candidatean a gobernar ese Estado. Y cuenta también con lineamientos de las obras públicas, que una vez alcanzado el gobierno conforman el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), y del Presupuesto de Cálculo de Recursos y de Estimaciones del Gasto de la Administración (El Presupuesto), que en el caso de nuestro país corresponde a la administración nacional, provincial y municipal.

Al Estado le cabe un rol fundamental, ya sea generando condiciones objetivas para la valorización del capital productivo, por ejemplo con políticas de infraestructura y energéticas, o como regulador estimulando sectores y regiones, pero principalmente apuntalando un horizonte de crecimiento sostenido en el tiempo. Para ello esesencial que el sector privado esté a la altura de las circunstancias y canalice una mayor parte de la ganancia que obtienen a incrementar la inversión para agregar valor a la producción. Solo así, reinvirtiendo una mayor parte de las ganancias en las mismas y en otras actividades, se podrá sostener un ritmo de crecimiento que permita constituir una economía sólida, que equilibre el mercado interno y el externo generando empleo y mejor remuneración, cumpliendo así con la premisa de amalgamar los intereses de toda la sociedad

El gobierno tiene como instrumento el Presupuesto Público, que es el detalle de las actividades realizadas por el Estado a lo largo de un ejercicio y su financiamiento. Es el plan anual del gobierno.

Un Estado que busca equilibrar inequidades, debe cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva, para permitir al resto de la población acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través el mercado por empresas privadas, como la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad e impidiendo la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo en general y de mujeres y niños en particular.

Que es en cambio lo que ofrece el gobierno de Javier Milei, solo ajustes en el gasto público, sin ton ni son como lo demuestra la paralización de la obra pública, en que ni siquiera se hacen las tareas de mantenimiento, en una virtual parálisis de proyectos esenciales para el desarrollo, desde la infraestructura vial hasta escuelas, hospitales y redes básicas como las de agua potable.

A la ignorancia supina de la administración pública se suma la necedad ideológica del ajuste fiscal, que implicó la eliminación o debilitamiento significativo de organismos claves del Estado, como el INTI, INTA, DNV, ANMAT y CONICET, etc.

Cuando reprogramaron el Presupuesto 2023 para incluso ejecutarlo en el año 2025, el Presidente Javier Milei, hablándole a sus mandantes dijo textualmente: “el año que viene (por el 2025) la prioridad es pagar la deuda”.

Ese es el verdadero objetivo del ajuste fiscal que el pomposamente llama como prioridad número uno: Equilibrio fiscal, que a su vez como arte de magia hace que la economía crezca (cuando cae la inversión pública) y disminuye los subsidios a la energía y al transporte.

Se plantea un superávit primario (antes de pagar los intereses de la deuda) del 2,2% del PIB, es en pesos, pero equivalentes a unos 11.000 millones de dólares, cuando los intereses de la deuda de este año 2025 superan holgadamente esa suma, y lo obliga a colocar títulos capitalizables de interés (Lecap, Nocap, y otros)

Al paralizar la obra pública, reducir los subsidios, también reduce las transferencias a las provincias y en los ATN, como ha venido haciendo sistemáticamente desde el 10 de diciembre de 2023.

EN SINTESIS.
El discurso de presentación del presupuesto 2026 del presidente Javier Milei oculta que no puede pagar los intereses de la deuda ni el capital.

En dólares en el año 2026 vencen (capital e interés) por 19.400 millones, y hasta diciembre 2027 la suma es de 34.200 millones de dólares.

A eso debe sumarse la deuda en pesos que en las distintas licitaciones suman interés, cuyo stock supera los 82 billones de pesos, ajustados a tasas en torno al 60% nominal anual o por la tasa TAMAR (que es la tasa que pagan los bancos a sus depositantes por imposiciones mayores a un billón de pesos) que en la licitación del 10 de septiembre 2025 fue del 64,13% nominal anual.

El gobierno de Milei está quebrado y miente sobre un futuro que solo está en suimaginación, cuando no puede afrontar los pagos hasta fin de año 2025