Caso Lucía: Andhes y Cladem denunciaron al Gobierno de Tucumán

aCarrusel, Noticias, Tucumán
“Denunciamos que en Tucumán no se aplicó de manera adecuada el Protocolo ILE en el caso de “Lucía”, la niña de 11 años que hasta el día 26 de febrero se encontraba embarazada como producto de una violación”

Desde las organizaciones de derechos humanos y feministas, afirmamos que el Estado es responsable del retardo injustificado en interrumpir su embarazo; de la manipulación que sufrieron la madre y la niña desde que acudieron al sistema público de salud en busca de protección; del amedrentamiento practicado en distintos momentos del proceso por parte de agentes del Estado; y de la judicialización innecesaria de la interrupción legal del embarazo en primer lugar.  
Denunciamos el accionar del Estado provincial, del sistema de salud y los hacemos responsables de todas las violencias que sufrieron “Lucía” y su familia.
Cronología de los hechos:
Desde que “Lucía” ingresó al sistema de salud y se practicó una microcesarea, pasaron 4 semanas. La niña manifestó, en reiteradas oportunidades, que quería interrumpir el embarazo, incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial iniciado como consecuencia del abuso. En ninguna de estas oportunidades se tuvo en cuenta la voluntad de la niña.
No se le informó adecuadamente, a ella ni a su familia, acerca de las posibilidades y de su derecho a acceder a la ILE.
No se dio intervención al equipo interdisciplinario para que proceda a hacer el acompañamiento y contención a la niña.
Una vez que la madre firmó el consentimiento se le exigió innecesariamente la aprobación del otro progenitor, cuando esto no es una exigencia legal. Tampoco se le informó dónde tenía que presentar el formulario firmado, por lo cual ella sin saber qué hacer lo retuvo 2 semanas hasta que, luego de presentar una nota en mesa de entradas del hospital exigiendo que se practique la ILE, se lo recibieron el día 26 de febrero.
El SIPROSA luego de pasadas las 4 semanas informa de modo público que  iba a practicar el protocolo de ILE. En ese momento todos los profesionales del hospital se declararon objetores de conciencia, no solo entorpeciendo el procedimiento en sí mismo sino abandonando una vez más a la niña, a quien no le quedó otro remedio que acudir a profesionales privados.
Toda esta situación que obstaculizó el ejercicio de los derechos de la niña por parte del sistema provincial de salud. La única opción viable para el resguardo de su vida, según los profesionales que finalmente intervinieron, fue llevar a cabo una microcesarea, en base al criterio de los médicos debido a su delicado estado de salud, diferente al que en su momento había informado el hospital.
A la dilación de la práctica se sumó la manipulación por parte de las autoridades del Hospital del Este, que aislaron a la niña, a su madre y no les dieron otras alternativas, con un asesoramiento tendencioso destinado a forzar a “Lucía” a continuar con la gestación.
En el momento en que  se estaba por llevar a cabo la práctica médica, se presentaron en el Hospital integrantes  del Ministerio Público Fiscal, tomaron los datos de los médicos intervinientes, volviendo a violar desde el Estado los derechos, amenazando a lxs únicxs profesionales que accedieron a garantizar los derechos de “Lucía”.
Queremos reiterar que los casos de aborto no punible no deben ser judicializados, la jurisprudencia de nuestra corte es muy clara y contundente en el caso F.A.L al respecto. Así lo consideró también la Jueza de Familia Valeria Judith Brand, sin embargo en todo momento se utilizó el sistema judicial penal para obstaculizar el acceso a los derechos de la niña.
Esta actuación del Estado ha perpetrado la violencia que vive la niña y la falta de acceso a sus derechos. Su obligación en casos de niñas que atraviesan un embarazo producto de una violación se refuerza en pos de la protección integral que merece. Su incumplimiento acarrea responsabilidades al Estado Argentino.
El  Estado provincial es responsable por el incumplimiento y por la falta de acceso a la salud integral de la niña. Las autoridades del Si.Pro.Sa. debían cumplir con leyes vigentes, sin embargotodo su accionar estuvo atestado de irregularidades y direccionado a la consumación de la conculcación de todos los derechos de la niña.
Ambas organizaciones instamos al Estado Provincial para que aplique el protocolo de ILE y que garantice los derechos de NNyA, no permitiendo que casos tan aberrantes como éste vuelvan a suceder. La garantía de no repetición incluye el deber a cargo del Estado de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias hacia las niñas y las mujeres de nuestra provincia. Entendemos que este no es un caso aislado y tememos que se multipliquen, marcando una tendencia ascendente de las prácticas conservadoras y anti derecho sobre la salud sexual en nuestrxs N,NyA.  
No queremos que se torture a otra niña en Tucumán.
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